La Justicia niega a Iberdrola que la finca de su macroplanta fotovoltaica de Usagre fuera bien público

La Justicia niega a Iberdrola que la finca de su macroplanta fotovoltaica de Usagre fuera bien público

Segundo revés consecutivo para Iberdrola en el caso de su macroplanta en Usagre (Badajoz), cuyas instalaciones -las más grandes de Europa- había ordenado desmantelar el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) con el objeto de devolver la mitad del total de los terrenos que ocupa (520 hectáreas) a su legítimo propietario, un vecino de la localidad al que la compañía había expropiado los terrenos de forma irregular cuando tenía un acuerdo con él en régimen de alquiler por 25 años.

La compañía solicitó tras conocer la sentencia inicial la subsanación y complemento de la misma, un recurso que existe antes de recurrir al Supremo, pero de nuevo el alto tribunal extremeño no sólo ha mantenido su criterio en todos sus términos sino que ha incluido en el auto, conocido este martes, una referencia expresa a la Declaración de Utilidad Pública (DUP) que recibió el proyecto por parte de la Delegación de Gobierno de Extremadura para agilizar los trámites administrativos y, sobre todo, proceder a la expropiación.

Así, describe que «no había justificación alguna para pedir la expropiación de unos terrenos cuando se disponía de los mismos en virtud de un contrato de arrendamiento, que en la fecha de la solicitud de la DUP, y lo mismo en la fecha de su declaración, existía y producía efectos, con lo que era un título hábil que hacía innecesaria la expropiación«. Por tanto, concluye, «la consecuencia de ello es la declaración de nulidad de pleno derecho de la DUP y del procedimiento expropiatorio que se inicia en ella». Con esta declaración de nulidad, el auto conmina a la «consiguiente restitución de la propiedad y posesión a su titular, al ser posible la restitución in natura», aclara el auto judicial.

Iberdrola había pretendido con esta «aclaración de sentencia» que se rectificara la misma y se eliminara del texto la mención expresa al «desmantelamiento» de la construcción, inaugurada y a pleno funcionamiento desde el pasado abril de 2020. La compañía se había acogido a la solicitud de subsanación y complemento al considerar que el tribunal había incurrido en un «exceso de jurisdicción» y de «contradicción» en sus argumentaciones, al hablar de la «restitución in natura» de los terrenos al considerar que el propietario no había pedido llegar a tal extremo en su demanda.

La compañía solicitaba que la planta se mantuviera activa con causa de alquiler, cuestión que la propia compañía incumplió al iniciar el proceso de expropiación ante las administraciones públicas. A su vez, Iberdrola consideraba «contradictoria» la sentencia cuando ordenaba devolver los terrenos cuando existe un contrato de arrendamiento en vigor que le permitía usarlos. Sin embargo, el auto no entra a valorar si el contrato sigue vigente en la actualidad y se ciñe a que sí lo estaba cuando se solicitó la DUP de esas fincas para iniciar la expropiación de los terrenos: «No nos corresponde a nosotros decidir si a fecha actual, ni tampoco a la fecha del dictado de la sentencia, ese contrato de arrendamiento estaba vigente. Nos limitamos a analizar, como cuestión prejudicial imprescindible para decidir sobre el expediente expropiatorio, la consideración de que era título hábil en la fechas de solicitud y declaración de la DUP. Y a nuestro juicio, lo era», aclara. En este sentido, añade que el dueño de la finca, Santos Lázaro Arias, sí pretendió desde el primer momento la «restitución de la propiedad y posesión de las fincas expropiadas» por lo que «no se concede más de lo pedido», según el auto.

Hay que recordar que en la vía penal se ha abierto a su vez juicio oral contra el ex alcalde, Antonio Luna, su teniente de alcalde, María Dolores Esteban y contra el empresario Andreas Hilkermann por presuntas irregularidades en las autorizaciones municipales para el cambio de uso del terreno donde se levantó la planta, que no cuenta con licencia de actividad. Prevaricación y falsedad documental son algunos de los delitos que se investigan. Con una potencia de 500 megawatios, la planta fotovoltaica Núñez de Balboa es la mayor de Europa en funcionamiento.

Un año después de comenzar su funcionamiento, el Ayuntamiento de Usagre ordenó a Iberdrola la paralización de la actividad al carecer de licencia para ello, como publicó EL MUNDO, aunque la compañía presentó un recurso que aún no ha tenido contestación por el Ayuntamiento, por lo que la planta sigue con su actividad a día de hoy.

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